Nueva York, 01 de octubre de 2012
Los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México, convencidos de que la delincuencia organizada transnacional y, en especial, la violencia que ésta despliega para llevar a cabo sus actividades delictivas, representan un grave problema que compromete al desarrollo, la seguridad y la convivencia democrática en todas las naciones, y que la Organización de Naciones Unidas debe atender con carácter urgente esta problemática:
Declaran:
1. Que el consumo de drogas ilícitas es un poderoso incentivo para las actividades de organizaciones criminales en todas las regiones del mundo.
2. Que a pesar de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional a lo largo de décadas, el consumo de esas sustancias sigue incrementándose a nivel global, lo que genera cuantiosos ingresos para las organizaciones criminales en todo el mundo.
3. Que al contar con recursos financieros de enorme magnitud, las organizaciones de la delincuencia organizada transnacional son capaces de penetrar y corromper las instituciones de los Estados.
4. Que resulta esencial aplicar medidas más eficaces para evitar los flujos ilegales de armas hacia las organizaciones de delincuentes.
5. Que mientras no se detenga el flujo de recursos de los consumidores de drogas y de armas hacia las organizaciones delictivas, éstas continuarán amenazando a nuestras sociedades y nuestros gobiernos.
6. Que, en consecuencia, resulta inaplazable revisar el enfoque mantenido hasta ahora por la comunidad internacional en materia de drogas, con el fin de detener los flujos de dinero proveniente del mercado ilícito de drogas.
7. Que esa revisión debe realizarse con todo rigor y responsabilidad, sobre bases científicas, con el fin de establecer políticas públicas eficaces en este ámbito.
8. Que los Estados deben intensificar sus esfuerzos para seguir fortaleciendo las instituciones y las políticas de cada país en la prevención y sanción del delito; sus programas sociales en educación, salud, esparcimiento y empleo; así como la prevención y el tratamiento de adicciones para preservar el tejido social.
9. Que los Estados deben refrendar su compromiso de combatir con determinación, y de acuerdo al principio de responsabilidad compartida y diferenciada, a los grupos criminales transnacionales a través de mecanismos de cooperación internacional.
10. Que la Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado.
11. En este sentido, los Gobiernos de Colombia, Guatemala y México invitan a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a emprender a la brevedad un proceso de consultas que permita, hacer un balance de los alcances y las limitaciones de la política vigente, así como acerca de la violencia que generan la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el mundo.
Consideramos que estos resultados deberían culminar en una conferencia internacional que permita tomar las decisiones necesarias a fin de dar mayor eficacia a las estrategias y los instrumentos con los que la comunidad global hace frente al reto de las drogas y sus consecuencias.
